Tarek William Saab presentó su renuncia como fiscal general y, en la misma sesión, la Asamblea Nacional lo nombró defensor del pueblo encargado; como fiscal general interino fue elegido el abogado Larry Daniel Devoe Márquez. La Asamblea además constituyó una comisión de 13 diputados y dio un plazo de 30 días para evaluar postulaciones y definir a los nuevos titulares, según La Nación. Estas decisiones llegan en un clima de fragilidad institucional marcado por la captura del exmandatario por fuerzas estadounidenses y por un intento de reconfiguración del gabinete del gobierno interino.

Detalles y cifras clave

Las renuncias y los nombramientos ocurrieron poco más de un año después de una ratificación clave: Saab había sido ratificado en octubre de 2024 para un período de siete años, es decir hasta 2031, pero renunció aproximadamente 16 meses después de esa ratificación, según La Nación. La Asamblea designó una comisión de 13 diputados con un plazo claro de 30 días para proponer y votar a los nuevos titulares, un mecanismo que busca acelerar cambios pero que también concentra presión política. La elección de Larry Daniel Devoe Márquez como fiscal —hasta ahora secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos— fue reportada por la prensa local y por agencias internacionales. Con información adicional de AFP.

¿Por qué preocupa la designación de Saab como defensor del pueblo?

Organizaciones de derechos humanos interpretaron la jugada como contradictoria: Human Rights Watch dijo que la renuncia de Saab como fiscal general “es prometedora, pero su designación como defensor del pueblo es una bofetada a las víctimas”, según la cita difundida por CNN y reportada por La Nación. Durante su casi década al frente del Ministerio Público, la gestión de Saab fue señalada por la oposición y por organismos internacionales por persecución judicial a críticos y opositores; medios locales consignaron al menos 18 muertes en custodia atribuidas a prácticas represivas en ese período, según El Nacional. La paradoja institucional —pasar del rol de acusador público a custodiar los derechos de la ciudadanía— genera dudas prácticas sobre independencia, imparcialidad y reparaciones para las víctimas. Estas críticas piden, en términos concretos, la designación de autoridades que no tengan conflictos de interés comprobables.

Institucionalidad en juego: contexto y riesgos

La salida de Saab y la recomposición del gabinete llegan en un momento de alta tensión institucional. La captura del exmandatario por fuerzas estadounidenses y el ascenso interino de Delcy Rodríguez han precipitado una reconfiguración del Ejecutivo y del aparato institucional, según La Nación. En este contexto, designaciones que parezcan mantener a los mismos actores en nuevos cargos pueden profundizar la percepción de captura del Estado y limitar la posibilidad de diálogo político y de desbloqueo internacional. Además, la rapidez del procedimiento —13 diputados y 30 días— aumenta la presión para candidatos que cuenten con apoyo legislativo, no necesariamente con legitimidad técnica. Observamos que, sin peritajes independientes y mecanismos de verificación, las medidas serán fuente de más desconfianza interna y de cuestionamientos ante cortes y organismos internacionales.

¿Qué implica esto para Argentina y la región?

Para la Argentina, la novedad es relevante por varias vías: relaciones diplomáticas, agenda regional de derechos humanos y conexiones políticas entre dirigentes. No es solo una noticia de Caracas: las decisiones sobre independencia judicial y defensorías inciden en cómo la región percibe al país y en las recomendaciones de organismos multilaterales. Además, actores deportivos y culturales argentinos han mostrado vínculos públicos con figuras venezolanas en los últimos días, como se consignó en nuestra cobertura sobre la AFA y su foto con dirigentes venezolanos, lo que añade una dimensión política doméstica a la relación. Recomendamos prudencia: pedimos transparencia, acceso de observadores internacionales y peritajes técnicos sobre alegatos de violaciones a derechos humanos antes de aceptar cambios de cargos como solución. Tomamos una postura prudente: pedimos peritajes técnicos e investigaciones independientes antes de sacar conclusiones o apoyar acciones definitivas en Venezuela.

Sofía Santamarina