Lo que se sabe hasta ahora: el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) propone restringir temporalmente los permisos de trabajo para personas con solicitudes de asilo pendientes, en medio de un backlog que la agencia define como un máximo histórico de 1,4 millones de casos, según USCIS. La propuesta, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), incluye un criterio técnico para activar la suspensión y cambios en la discrecionalidad para emitir o revocar autorizaciones laborales.

¿Qué propone exactamente la normativa?

Para ubicarse: la regla del DHS establece que USCIS dejará de aceptar nuevas solicitudes iniciales de permiso de trabajo cuando el tiempo promedio de procesamiento de solicitudes de asilo afirmativas supere los 180 días durante un periodo de 90 días, según el anuncio oficial del DHS. Además, la propuesta transforma la autorización de empleo en una facultad discrecional de la agencia en lugar de un derecho automático y permite revocar permisos si la solicitud de asilo se niega y se agota el plazo de apelación de 30 días. La norma también contempla restricciones específicas para quienes hayan ingresado de manera irregular. El plazo público para comentarios vence el 24 de abril de 2026, según el registro federal del DHS.

¿Qué significa esperar “hasta un año” para trabajar?

La nota indica que, de aprobarse la regla, un solicitante podría tener que esperar hasta un año desde la presentación de la solicitud de asilo para acceder a una autorización laboral. Ese plazo acumulativo se suma al actual retraso operativo que llevó al registro de 1,4 millones de casos pendientes, marcado por USCIS como su nivel más alto. En la práctica, transformar la autorización en discrecional y permitir revocaciones anticipadas aumenta la incertidumbre para la persona migrante y su familia. Desde el punto de vista administrativo, el DHS justifica la medida como respuesta a fraudes y uso indebido de la vía de asilo para acceder al mercado laboral; la propuesta, sin embargo, aún debe pasar por la etapa de comentarios públicos antes de convertirse en regla final.

¿Cómo nos afecta en Argentina y en la región?

Para un lector argentino: muchos compatriotas migran a Estados Unidos por trabajo o asilo, pero no hay datos públicos en esta nota sobre cuántos solicitantes son ciudadanos argentinos. Lo que sí importa regionalmente es que una restricción más dura en permisos de trabajo complicará la integración laboral de solicitantes de la región y puede aumentar la precariedad. También impacta rutas migratorias y decisiones familiares: si la posibilidad de trabajar durante el trámite se reduce, puede subir la presión para recurrir a empleos informales o volver a los flujos irregulares. Observamos además un efecto secundario sobre remesas y economía doméstica en origen cuando migrantes quedan sin autorización por más tiempo. En términos diplomáticos, la norma puede generar solicitudes de atención consular y reclamos de organizaciones civiles; por ahora el DHS abrió el proceso de consulta pública hasta el 24 de abril de 2026.

Qué evaluar y qué pedimos desde esta columna

Tomamos una postura prudente: pedimos peritajes técnicos y evaluaciones humanitarias antes de apoyar cambios definitivos que afecten el acceso al trabajo de solicitantes de asilo. La administración de backlogs requiere reformas procesales —más jueces de inmigración, digitalización y recursos— además de controles para fraude. Sin evidencia pública clara de que la autorización automática sea la causa principal del retraso, cualquier medida que aumente la vulnerabilidad debe acompañarse de salvaguardias, monitoreo independiente y datos desagregados por nacionalidad y vía de entrada. El periodo de comentarios hasta el 24 de abril de 2026 es una oportunidad para que ONGs, consulados y organizaciones laborales presenten información técnica y casos concretos que el DHS debería considerar.

Sofía Santamarina