Tiene sentido empezar con un detalle: una carcasa blanca y redondeada, pegada al poste de una esquina de Palermo, siguiendo la trayectoria de quienes salen del subte. Ese objeto pequeño funciona como prueba, disuasión y, a veces, espectáculo. El detalle que lo cambia todo es que nadie sabe cuántas cámaras miran a la ciudad en un día cualquiera.

Por qué importa este tema más allá de una discusión coyuntural

Las cámaras ya no son solo para blindar bancos o peajes. Se usan para controlar el tránsito, fiscalizar el espacio público, documentar incidentes, monitorear multitudes en eventos culturales y, en algunos casos, para evaluar el comportamiento urbano. La discusión no es binaria: no se trata de decidir si las cámaras son buenas o malas, sino de entender cuándo y cómo ofrecen valor público sin vulnerar derechos.

¿Cuántas cámaras vigilan la ciudad? El dato que falta

Saber cuántas cámaras hay en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es más difícil de lo que parece. Hay un componente público visible, otro privado —negocios, edificios y viviendas— y sistemas semiprivados como porteros virtuales o cámaras de consorcios. A nivel nacional y global sí existen referencias útiles para contextualizar la magnitud del fenómeno.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la Ciudad de Buenos Aires pasó de 2.891.082 habitantes en el censo 2010 a 3.075.646 en el censo 2022, un crecimiento que altera las demandas sobre transporte, seguridad y espacio público (INDEC, Censos 2010 y 2022). A escala global, IHS Markit estimó en 2018 que había aproximadamente 770 millones de cámaras de vigilancia en operación en todo el mundo, lo que señala la escala masiva de esta infraestructura y su rápida difusión tecnológica (IHS Markit, 2018).

Esos dos números ayudan a pensar la dimensión: una ciudad de tres millones de habitantes forma parte de un ecosistema en el que la videovigilancia se convirtió en tecnología de uso cotidiano. Lo que falta en CABA es un inventario público, actualizado y con metadatos sobre ubicación, propietario, acceso y tiempos de retención.

¿Qué muestran las cifras sobre eficacia? Evidencia y matices

La literatura internacional sobre CCTV no ofrece milagros. Revisiones y metaanálisis clásicos muestran efectos modestos pero reales en ciertos contextos, por ejemplo reducción de delitos en estacionamientos y en puntos muy focalizados. No existe consenso para afirmar que una red extensa de cámaras, por sí sola, reduzca de forma sistemática todos los delitos en el espacio urbano.

El comportamiento esperado es heterogéneo: las cámaras pueden desplazar delitos a zonas no vigiladas, mejorar la capacidad investigativa para resolver eventos después de ocurridos y, en casos limitados, prevenir delitos cuando su presencia es visible y parte de una estrategia más amplia, que incluya iluminación, limpieza urbana y patrullaje focalizado.

En Argentina la protección de datos personales está regulada por la Ley 25.326, que exige principios como finalidad, proporcionalidad y seguridad para el tratamiento de datos personales. Eso se aplica también a imágenes cuando permiten identificar a una persona. En la práctica, la ley obliga a justificar la recolección de imágenes, a definir períodos de retención y a garantizar medidas de seguridad técnica y organizativa.

A nivel de Ciudad Autónoma de Buenos Aires existen ordenanzas y reglamentaciones parciales sobre espacio público y seguridad, pero la coordinación entre gobierno, justicia y sector privado suele ser fragmentaria. Además, la llegada de tecnologías nuevas, como el reconocimiento facial, plantea preguntas que la normativa nacional no resolvió de forma exhaustiva.

Riesgos tecnológicos y operativos

Las cámaras son nodos de una red que incluye almacenamiento, transmisión y, cada vez más, algoritmos de análisis. Eso multiplica los riesgos:

  • Filtraciones y brechas de seguridad que exponen imágenes sensibles.
  • Retención indefinida por falta de políticas claras, ampliando el potencial de vigilancia masiva.
  • Sesgos en algoritmos de reconocimiento que pueden incrementar discriminaciones.
  • Uso colateral de imágenes para finalidades distintas a las declaradas, como control político o comercial.

La seguridad física de la cámara importa menos que la seguridad del flujo de datos. Una cámara barata e insegura puede convertirse en un punto de acceso para atacar otros sistemas de la ciudad.

Gobernanza: quién ve las imágenes y con qué controles

En un país democrático, la respuesta a quién accede a las imágenes debe combinar legalidad, trazabilidad y supervisión. Recomendaciones pragmáticas que hemos visto en otras ciudades y que aplican a CABA:

  • Registro público de cámaras administradas por el Estado, con información sobre ubicación, finalidad y responsable.
  • Protocolos de acceso claros que exijan órdenes judiciales cuando corresponda, registros de consultas y auditorías periódicas.
  • Límites temporales de retención por defecto y eliminación segura de imágenes que excedan su utilidad.
  • Transparencia sobre contratos con proveedores y cláusulas que garanticen que no se externalice el control operativo sin supervisión pública.

Sin esos elementos, la infraestructura se convierte en caja negra: útil para operaciones puntuales, pero vulnerable a abusos y a la erosión de la confianza ciudadana.

El papel del sector privado y la mirada comunitaria

Gran parte de la videovigilancia urbana es privada. Comercios, consorcios y apps de seguridad vecinal generan un volumen enorme de imágenes. Esa proliferación tiene efectos mixtos: amplía la cobertura pero fragmenta responsabilidades.

La clave es articular protocolos entre municipios, fuerzas de seguridad y propietarios privados. Modelos interesantes incluyen acuerdos que definen cuándo y cómo se comparten imágenes, con exigencias de trazabilidad y acceso judicial cuando corresponde. Además, la participación comunitaria—vecinos informados y espacios de consulta—reduce la desconfianza.

Tecnología disponible y límites éticos

La tecnología ofrece opciones: encriptación de extremo a extremo, almacenamiento cifrado local, análisis en el borde para evitar transmisión permanente y sistemas de borrado automático. También existen soluciones que difuminan datos sensibles salvo cuando un operador valida su necesidad.

Sin embargo, la mera existencia de tecnología no resuelve el problema ético. El reconocimiento biométrico en espacio público exige deliberación democrática porque altera la escala de la identificación cotidiana.

Recomendaciones para políticas públicas duraderas

  1. Inventario y transparencia. Crear un registro público y actualizado de cámaras administradas por el Estado, con indicadores abiertos sobre accesos y retenciones.

  2. Protocolos de acceso y trazabilidad. Toda consulta a imágenes debe quedar registrada, con justificación y supervisión externa periódica.

  3. Límites técnicos por diseño. Implantar por defecto retenciones cortas, encriptación y análisis local cuando sea posible.

  4. Evaluación de impacto. Antes de desplegar tecnologías nuevas, exigir estudios de impacto en derechos y seguridad que incluyan indicadores de eficacia.

  5. Participación ciudadana. Incluir a comunidades en el diseño de programas de videovigilancia para aumentar legitimidad y eficiencia.

  6. Capacitación y transparencia contractual. Auditar contratos con proveedores privados y exigir cláusulas que impidan usos secundarios no autorizados.

Estas medidas buscan que las cámaras sean herramientas que sumen a la gobernanza urbana, no una fuente de vigilancia difusa.

Qué pueden hacer los ciudadanos hoy

Los ciudadanos no están condenados a elegir entre angustia y resignación. Algunas acciones concretas:

  • Pedir información pública sobre cámaras en su barrio por medio de pedidos de acceso a la información.
  • Exigir protocolos de acceso y registros públicos de consultas cuando la administración lo publica.
  • Promover acuerdos vecinales para el uso responsable de cámaras privadas y consorcios.
  • Informarse sobre cómo funcionan las cámaras, sus capacidades y límites.

La supervisión ciudadana es una palanca esencial para que la tecnología rinda cuentas.

Cierre: mirar la ciudad sin aceitar la desconfianza

Hay algo de verdad en la idea de que la tecnología refleja lo que ya somos: una ciudad más densa, con demandas crecientes de seguridad y gestión. Las cámaras no reemplazan políticas sociales, urbanas ni de prevención; las complementan cuando están bien gobernadas. El desafío de CABA es transformar un entramado tecnológico disperso en una infraestructura pública legítima, transparente y sometida a controles claros. Eso exige datos, leyes y voluntad política, pero sobre todo voluntad de diálogo con los ciudadanos.

Preguntas frecuentes

¿Cuántas cámaras hay en la Ciudad de Buenos Aires?

No existe un número público único y centralizado disponible para la totalidad de cámaras en CABA. El conteo debe incluir redes estatales, privadas y domésticas; por eso la recomendación técnica es crear un registro público que precise propietario, finalidad y tiempo de retención.

¿Las cámaras reducen el delito en la práctica?

Las cámaras tienen efectos mixtos: ayudan a la investigación y pueden disuadir en espacios muy concretos, pero no garantizan reducciones generalizadas del delito por sí solas. Su eficacia aumenta cuando forman parte de una estrategia urbana integral con patrullaje, iluminación y políticas sociales.

¿La policía puede acceder a las imágenes sin orden judicial?

El acceso debe regirse por la ley 25.326 y reglas de procedimiento aplicables; en la práctica se requieren justificaciones y, en muchos casos, autorización judicial para usos que afecten derechos. La existencia de registros de acceso y trazabilidad es clave para controlar consultas administrativas.

¿Cómo puedo proteger mi privacidad frente a cámaras públicas o privadas?

Proteger la privacidad implica conocer dónde están las cámaras, exigir políticas de retención breve, solicitar acceso a datos personales si corresponde y promover acuerdos vecinales que regulen el uso de imágenes. Denunciar filtraciones o usos indebidos ante autoridades competentes también es un recurso disponible.

¿Qué peligros trae el reconocimiento facial en la vía pública?

El reconocimiento facial amplifica la identificación masiva y puede generar errores y sesgos discriminatorios. Antes de desplegarlo es necesario un debate público, evaluaciones de impacto y límites legales que definan finalidades, supervisión y mecanismos de reparación.

Fuentes y referencias citadas en el texto: Censos Nacionales 2010 y 2022, INDEC; estimación global de cámaras, IHS Markit 2018; Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Se recomienda a lectores y decisores consultar textos legales y datos oficiales vigentes para decisiones puntuales.