La fiebre chikungunya se impuso este año como la principal infección transmitida por Aedes aegypti: según el Ministerio de Salud de la Nación, las confirmaciones ya superan los 199 casos a nivel nacional y la provincia de Salta reporta 334 casos, con un incremento del 43% en una semana, de acuerdo con la Dirección General de Coordinación Epidemiológica de Salta.

¿Qué está pasando en el país y dónde está el foco?

En términos concretos, diez jurisdicciones tienen casos autóctonos confirmados, con brotes en el norte y aparición de transmisión local en la provincia de Buenos Aires. El epicentro provincial es Salvador Mazza y la zona fronteriza con Bolivia, donde las autoridades provinciales atribuyen la introducción inicial a casos importados. Jujuy reportó 18 casos confirmados, Catamarca tiene al menos cuatro y la ciudad de Córdoba confirmó un caso autóctono en una adolescente, según comunicados provinciales y el Ministerio de Salud nacional.

El detalle que lo cambia todo es la movilidad: en Salta se atribuye parte del aumento al flujo por el feriado largo. A nivel comparativo, en la misma temporada se notificaron más de 1.400 consultas por sospecha de dengue en la provincia de Buenos Aires, pero solo 12 de esos dengue fueron confirmados, dato que ilustra la complejidad de la vigilancia cuando circulan varios arbovirus simultáneamente (Ministerio de Salud bonaerense).

¿Qué medidas de vigilancia y control se están haciendo?

Las jurisdicciones con casos confirmados describen un paquete de acciones: búsqueda activa de febriles, bloqueo focal con biolarvicidas y operativos binacionales en pasos fronterizos como Salvador Mazza–Yacuiba. A nivel de laboratorio, desde enero se implementó la estrategia de analizar el 30% de las muestras negativas para dengue en busca de chikungunya, para detectar este “cambio de patrón de circulación viral”, según fuentes oficiales.

Eso ayuda, pero no alcanza: el control vectorial es intensivo en mano de obra y depende de información oportuna. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) había alertado sobre una circulación importante en el centro-oeste y sudeste de Brasil y el sur de Bolivia, lo que refuerza la necesidad de coordinación regional y datos compartidos entre provincias y países.

¿Estamos preparados como sociedad para frenar esto?

Preparados no es lo mismo que reaccionando: hay mensajes claros a la población (vaciar recipientes, descacharrado, repelente y mosquiteros), y algunas provincias aplican bloqueo focal. Pero la efectividad requiere datos abiertos: saber dónde se fumigó, qué productos se usaron, cuántas viviendas fueron revisadas y quién contrató esos servicios. Sin esa información no podemos evaluar impacto ni auditar decisiones.

Desde la salud pública vemos que la prevención individual importa —repelente, ropa que cubra—, pero la escala la marca la política: si un distrito reporta 334 casos y otro apenas un puñado, necesitamos comparar intervenciones y resultados con datos públicos y homologados para aprender rápido.

Qué podemos exigir y qué hacer ya

Lo inmediato es práctico: eliminar agua estancada, seguir recomendaciones de uso de repelente y procurar mosquiteros en hogares con bebés y personas mayores. A mediano plazo, exigimos transparencia: datos abiertos sobre la vigilancia, los resultados de las búsquedas activas, las zonas tratadas con biolarvicidas y los contratos con proveedores de control vectorial. Eso incluye fechas, geolocalización de operativos y criterios clínicos de notificación, para que la sociedad pueda evaluar la respuesta.

Lo que nadie cuenta es que la prevención colectiva necesita más que folletos; necesita información verificable y coordinación. Pedir esos datos es reclamar que las medidas públicas funcionen a escala, no en titulares. Camila Goldberg