El cine argentino enfrenta hoy una doble señal de alarma: por un lado, la propia Lucrecia Martel señaló la desconexión entre muchos realizadores y el público; por otro, La Nación reportó que en 2024 el cine argentino llevó menos de 800.000 espectadores a las salas. Estas frases no son solo opinión: son números y percepciones que obligan a preguntarse qué pesa realmente el cine nacional en la vida pública.

¿Por qué el público no respondió cuando se discutió el Incaa?

Vemos dos versiones contrapuestas que conviven: la defensa sectorial del fomento y la sensación pública de no identificarse con buena parte de la producción. Martel contó que a la hora de defender al Incaa fueron, sobre todo, empleados y cineastas; el público general no se movilizó igual (declaraciones citadas por La Nación). Ese dato cualitativo se acompaña de uno cuantitativo inquietante: en 2024 la concurrencia cayó respecto al año anterior, dejando menos de 800.000 espectadores en salas, según La Nación. Esa caída muestra que la discusión sobre políticas culturales ocurre muchas veces en una cámara cerrada.

No se trata de negar la necesidad del fomento —el Estado debe sostener la producción cultural— sino de reconocer que cuando el debate público prioriza salud y educación, el cine queda en un segundo plano. Si el público no siente que algo le habla, no lo paga. Por eso no alcanza con mantener puestos de trabajo: se necesita auditar qué llega a qué audiencias y por qué.

¿Qué dicen los números del ecosistema creativo?

En la misma línea, Javier Porta Fouz dijo que a la convocatoria 2026 del BAFICI se presentaron unas 1.000 películas nacionales en todos los formatos y que solo el 5% entró en la programación (datos citados por La Nación). Esa relación esfuerzo/visibilidad plantea dos problemas simultáneos: saturación de proyectos que compiten por escasos espacios y una curaduría que, por razones estéticas o logísticas, prioriza propuestas de nicho que no siempre conversan con audiencias masivas.

La consecuencia es clara: hay producción, hay oficio (como Martel recordó al desmontar la idea romántica del “artista”), pero falta estrategia para conectar. Necesitamos datos más finos: cuántas películas reciben apoyo total o parcial del Incaa, cuál es su recorrido en salas comerciales versus festivales, y qué tasas de conversión tienen las campañas de marketing cultural. Sin esos números públicos resulta difícil diseñar políticas que equilibren diversidad estética y alcance social.

¿Qué medidas prácticas pueden cerrar la brecha?

Primero, transparencia: exigimos que el Incaa publique datos desagregados sobre financiamiento, distribución y resultados de audiencia por título y por circuito (sala comercial, salas alternativas, plataformas VOD). Segundo, inversión en puentes comunicacionales: apoyar proyectos que incluyan estrategias de visibilidad pensadas desde la preproducción hacia audiencias concretas, no solo para jurados de festival. Tercero, evaluación de impacto: medir no solo cuántas películas se hacen, sino a cuántas personas llegan y con qué efecto.

Estas medidas no son palabrería técnica: implican recursos y prioridades claras. Coincidimos con Martel en que el oficio importa, pero también sostenemos que el oficio necesita rendir cuentas sociales si la idea es que el cine sea parte de la conversación pública. Pedir datos y exigir transparencia no es poner en duda la libertad creativa; es intentar que esa libertad encuentre interlocutores fuera de la burbuja del gremio.

Cierre: qué queda por hacer

Lo que nadie cuenta es que recuperar audiencia no significa renunciar a la complejidad artística. Significa, antes, mapear: saber quién ve qué, dónde y por qué. Si el Incaa y los festivales comparten información —presupuestos, trayectorias de exhibición, cifras de espectadores y ticket promedio— podremos entender si el problema es de producción, distribución o comunicación. Los números que hoy se citan —menos de 800.000 espectadores en 2024; 1.000 presentaciones y 5% de programación en el BAFICI, según La Nación— son un diagnóstico inicial. Lo que sigue es transformar ese diagnóstico en políticas públicas con transparencia y en estrategias culturales que hablen con audiencias reales y diversas.