Alfredo Leuco debió interrumpir una transmisión en vivo en Modi’ín cuando sonaron sirenas de alerta el 20 de marzo de 2026; el equipo se cubrió siguiendo el protocolo de tirarse al suelo ante imposibilidad de alcanzar un refugio (LA NACION, 20/3/2026).
Lo que pasó
La escena fue breve y cruda: la señal salió del plano habitual y quedó el ruido de las alarmas. El periodista estaba en un terreno descampado, lo que dificultó el acceso inmediato a un refugio y obligó a aplicar las medidas básicas de protección señaladas por las autoridades (LA NACION, 20/3/2026). El hecho se enmarca en una escalada que, según la misma cobertura, empezó con una ofensiva israelí contra grupos proiraníes el 2 de marzo de 2026; la interrupción ocurrió 18 días después de ese inicio, lo que expresa una continuidad de riesgo en la región (LA NACION, 2/3/2026; 20/3/2026). El relato público incluye además el caso de periodistas de RT heridos durante operaciones en el sur del Líbano, evidencia de que la exposición no es teórica sino concreta.
¿Qué riesgo corren los periodistas en la región?
No estamos ante una anécdota aislada. El protocolo mostrado —tirarse al suelo y cubrirse— es la recomendación mínima cuando no hay refugio disponible, pero no neutraliza todos los peligros. La nota señala que el corresponsal Steve Sweeney y su camarógrafo resultaron heridos en un ataque en el sur del Líbano, heridos por metralla tras el impacto cercano de un proyectil (LA NACION, 20/3/2026). Para dimensionar: la cobertura sitúa la ofensiva iniciada el 2 de marzo y los hechos reportados entre el 20 y el 21 de marzo, lo que habla de una fase de hostilidades que se mantiene en días consecutivos (LA NACION, 2/3/2026; Prensa Libre Online, 21/3/2026). Vemos, entonces, que la exposición de periodistas no es esporádica; es parte de una pauta de riesgo que exige medidas formales de prevención y registro.
¿Qué nos dice esto sobre la cobertura y la transparencia?
Hay dos frentes: la protección física y la información pública. Por un lado, los medios deben tener protocolos claros, entrenamiento y equipos adecuados para corresponsales en zona de riesgo. Por otro, los incidentes deben documentarse y ponerse a disposición de la ciudadanía: hora, lugar, descripción de las medidas aplicadas y comprobantes audiovisuales que permitan verificar lo ocurrido. Pedir esa documentación no es una desconfianza hacia el periodista; es exigir trazabilidad en contextos donde los relatos pueden convertirse en pruebas o en materia de reclamo diplomático. La historia reciente muestra que registros audiovisuales han servido para auditorías y para reconstruir hechos; por eso la transparencia tiene una función preventiva y de rendición de cuentas.
Conclusión: ¿qué deberíamos pedir y exigir?
Vemos tres demandas prácticas. Primero, que los medios publiquen sus protocolos de seguridad y los incidentes ocurridos en cobertura internacional, con fecha y hora (ej.: 20/3/2026) y evidencia cuando exista. Segundo, formación y recursos: cascos, chalecos y comunicación segura para corresponsales permanentes y equipos móviles. Tercero, coordinación diplomática y de prensa; las embajadas deberían registrar y notificar incidentes que involucren a periodistas nacionales. Exigimos además que el registro público permita comparar episodios en el tiempo y medir riesgos de forma transparente. No es sensacionalismo: es prevención y memoria pública, consistente con nuestra postura de exigir datos y transparencia en cobertura de violencia y crímenes en contextos de conflicto.
