La causa que busca reconstruir cómo anestésicos de uso hospitalario terminaron fuera del circuito tiene entre los imputados a la médica residente Delfina Lanusse; el expediente se abrió el 23 de febrero de 2026 y los allanamientos relevantes se realizaron el 12 de marzo de 2026, según La Nación (6/4/2026). Este primer dato resume lo central: la investigación ya no es solo interna del hospital, es judicial y requiere trazabilidad documental.
¿Quién es Delfina Lanusse?
Lanusse es residente de tercer año en Anestesiología en el Hospital Italiano desde septiembre de 2023, según el reportaje de La Nación (6/4/2026). Durante su formación en la Universidad Austral realizó una rotación clínica entre marzo de 2021 y septiembre de 2023 con alrededor de 500 horas de observación y participación en procedimientos, y también cumplió tareas docentes en fisiopatología e inmunología (La Nación, 6/4/2026). Esos números importan porque ubican su vinculación institucional y temporal con espacios donde se administran y registran fármacos de uso restringido. La nota judicial no se detiene en biografías; sin embargo, conocer el recorrido formativo ayuda a entender por qué su nombre aparece en el expediente.
¿Qué se investiga exactamente?
La fiscalía concentra la pesquisa en el faltante de agentes como propofol y fentanilo, medicamentos señalados en el expediente como sustraídos del ámbito hospitalario (La Nación, 6/4/2026). El caso cobró impulso tras la muerte del anestesista Alejandro Zalazar y el hallazgo en su domicilio de fármacos e instrumentos inyectables, parte de los cuales la investigación vinculó al circuito del hospital. El 23/2/2026 el Hospital Italiano presentó la denuncia y el 12/3/2026 se realizaron allanamientos por la División de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad, medidas que la fiscalía considera probatorias (La Nación, 6/4/2026). Por ahora la imputación formal contra Lanusse es por administración fraudulenta, delito que prevé penas de hasta seis años; otras líneas, como las llamadas “viajes controlados”, se analizan pero no están formalmente incorporadas.
El detalle que lo cambia todo: el circuito y la trazabilidad
Lo que nadie cuenta es que en crímenes vinculados a insumos médicos el punto decisivo no es la intención individual sino la trazabilidad logística: quién firma retiros, qué registros quedan y cómo se auditan existencias. El Hospital Italiano denunció faltantes el 23/2/2026, y en menos de tres semanas hubo allanamientos (12/3/2026), lo que sugiere que los investigadores hallaron documentación o indicios que justificaron medidas rápidas (La Nación, 6/4/2026). Pero el expediente público no ofrece aún copias de inventarios, hojas de firma ni auditorías internas accesibles para la sociedad. Exigimos que la investigación aporte esos datos: cuántas unidades faltan, desde cuándo, qué responsables de farmacia hospitalaria registraron movimientos y qué controles previos existían. Sin cifras públicas no hay forma de juzgar a una persona sin comprender el sistema.
¿Qué nos dice esto sobre el sistema de salud y la transparencia?
Hay algo de época en esta causa: mezcla de prácticas cerradas del ámbito clínico y filtraciones digitales que ponen el caso en la esfera pública antes que los expedientes. El audio que circula sobre reuniones llamadas “Propo fest” no forma parte del sumario según la fiscalía, pero condiciona la narrativa pública y exige que el Ministerio de Salud y los hospitales publiquen protocolos y balances de stock auditables (La Nación, 6/4/2026). Celebramos el avance científico y clínico, pero repetimos una postura previa: exigimos transparencia en datos de seguridad, composición y caminos regulatorios antes de que la discusión se reduzca a escándalo personal. Si las instituciones no abren inventarios ni protocolos, la justicia, los pacientes y los trabajadores seguirán sin herramientas para evaluar responsabilidades y riesgos.
Camila Goldberg
